12 enero 2022

Un impulso transformador para la sanidad española, artículo de Jesús María Fernández en El Economista


La sanidad española se encuentra en una encrucijada. La pandemia de Covid-19 ha puesto a la luz sus fortalezas -la capacidad de asistencia en los casos graves o de extensas campañas de vacunación-, pero también sus fallos -el colapso asistencial, la debilidad de los sistemas de salud pública-. Llueve sobre mojado. La recesión económica de la década pasada ya mostró las costuras de un sistema debilitado en lo profesional, lo financiero y también en lo organizativo.

España cuenta con unos buenos resultados de salud, homologables con los demás países avanzados. Son debidos, en parte, a los determinantes sociales de la salud propios de nuestro país, como la educación, el tejido social o los estilos de vida; y son también debidos a disponer de un sistema de salud construido en torno a criterios como un acceso equitativo, profesionales bien formados, y una red asistencial razonablemente bien distribuida en el territorio y entre niveles asistenciales.

Han sido décadas de esfuerzo en la que los partidos y los sucesivos gobiernos han ido construyendo este complejo entramado. En 2021 se han cumplido 35 años de la aprobación de la Ley General de Sanidad (1986), el primer cimiento de la arquitectura sanitaria española, liderado por el ministro Ernest Lluch. Esta semana se han cumplido 20 años desde que el Consejo de Ministros del 27 de diciembre de 2001 completaba el traspaso de las competencias sanitarias a diez autonomías, culminando así la descentralización política del sistema nacional de salud español.

Pocos años después se aprobaron un conjunto de leyes sanitarias que asentaron las bases legales de la sanidad española actual: la ley de autonomía del paciente (2002), la ley de cohesión y calidad (2003), la ley de ordenación de las profesiones sanitarias (2003), el estatuto marco del personal sanitario (2003), y posteriormente la ley de garantías y uso racional de los medicamentos (2006). Finalmente, esta semana se cumple también otra efeméride, la aprobación hace diez años de la Ley General de Salud Pública.

Esta arquitectura sanitaria ha logrado vencer el paso del tiempo gracias a un amplio respaldo político, social y profesional, que se afianza después en los desarrollos autonómicos de estas últimas décadas -leyes de sanidad de las 17 comunidades autónomas-. Sin embargo, la última década inicia un periodo de mayor inestabilidad legal (Real Decreto Ley de Sostenibilidad de 2012), atrincheramiento político, empobrecimiento financiero, déficit y deterioro profesional. Junto a ello se produce un rápido retroceso del entramado institucional del sistema nacional de salud -desaparición de la agencia de calidad y evaluación, deslocalización del instituto de salud Carlos III y de la agencia de seguridad alimentaria y nutrición, descapitalización técnica y financiera del ministerio-, además de un apagón de reformas que resultan imprescindibles tras el paso del tiempo -de la atención primaria, de la gestión pública de la sanidad, de la gobernanza del sistema nacional de salud, de la transformación digital-.

En julio de 2020, terminando la amarga experiencia de la primera ola de COVID, el Congreso de los Diputados alcanzó, después de un corto pero intenso periodo de comparecencias de instituciones y expertos sanitarios, un acuerdo que, a pesar de un exceso de ambigüedad, establecía un conjunto de medidas precisas y necesarias. El amplio respaldo político recibido por este dictamen hizo vislumbrar con cierto optimismo su puesta en práctica.

Año y medio después, una mayoría de propuestas permanecen pendientes. Algunas especialmente urgentes como la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y de Calidad Asistencial; la actualización del sistema de contratación de profesionales y, más en general, el refuerzo y redistribución de los recursos profesionales sanitarios; la transformación digital de la asistencia sanitaria; el aumento de la dotación financiera dedicada a sanidad en un nuevo sistema de financiación autonómica, y la creación de los fondos financieros sanitarios necesarios para afrontar desafíos presentes y futuros.

Entre ellos la financiación de la innovación farmacéutica de alto coste, de una red asistencial de centros para la atención a patologías de alta complejidad, o del fondo de garantía asistencial para asegurar una atención sin fronteras dentro del SNS); el refuerzo de los recursos humanos, económicos y tecnológicos del Ministerio de Sanidad; una reforma legislativa para afrontar nuevas emergencias de salud pública o rebrotes del COVID; planes urgentes de recuperación de la actividad asistencial para pacientes no COVID; nuevos mecanismos de coordinación entre sanidad y servicios sociales; o el desarrollo del papel asistencial de la farmacia comunitaria.

Otras medidas más estratégicas, pero igualmente necesarias, permanecen intactas, como son el desarrollo institucional del Sistema Nacional de Salud, con competencias técnicas y autonomía suficientes para desarrollar funciones estratégicas como la Calidad y Evaluación de resultados, la Ordenación profesional o los Sistemas de Información Sanitarios; el desarrollo del marco de atención primaria; y un nuevo modelo de gobernanza y buen gobierno para el SNS.

El dictamen no entraba, seguramente por falta de consenso, en recomendar estrategias de reforma más de fondo, como son la actualización, tan retrasada (informe Abril) del modelo de gestión pública de los servicios sanitarios; una nueva relación laboral en el empleo público acorde con las necesidades y evolución de las profesiones sanitarias; un marco transparente y estable para la colaboración público-privada en la prestación de asistencia sanitaria; o la creación de una red integrada de agencias españolas de evaluación de tecnologías con competencias ejecutivas. Pero era una hoja de ruta alcanzable. Un año y medio después sigue vigente, y también pendiente.

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